En estos últimos meses se han publicado algunas cartas abiertas dirigidas al Obispo sobre el asunto del traslado del párroco de Aguilafuente. Dado que el contenido de dichas cartas ha podido crear confusión entre los fieles, y pasado un tiempo prudencial para la reflexión, nos parece necesario hacer públicas las siguientes aclaraciones.
El nombramiento de los sacerdotes es responsabilidad exclusiva del Obispo quien, asesorado por el Consejo Episcopal y en diálogo con los afectados, les expone las razones del nombramiento, traslado o cese. Así se ha hecho este año con todos los sacerdotes que han sido trasladados de sus parroquias, incluido el párroco de Aguilafuente, con quien se han tenido al menos tres conversaciones: dos con uno de los vicarios episcopales y una con el propio Obispo. Afirmar, como se ha hecho, que no se ha dialogado con el interesado, no responde a la verdad. Tanto lo tratado en los órganos de consejo del Obispo, como las conversaciones privadas del obispo con los sacerdotes, están amparadas por el secreto, como sucede en cualquier institución que se tenga por seria. El Obispo, como es obvio, debe mantener la reserva que conlleva su cargo.
Cuando un obispo o un sacerdote cumple 75 años, el Código de Derecho Canónico prescribe que dirija una carta al Papa o al obispo, respectivamente, presentando su renuncia al cargo que ostenta. El Papa o el obispo puede aceptarla de inmediato o dilatar la aceptación hasta el momento en que, debido a las circunstancias personales y pastorales, considere más oportuno y prudente. La reorganización pastoral de la zona de Aguilafuente y Mozoncillo ha exigido hacerlo ahora.
El hecho de aceptar la dimisión de un sacerdote no significa, como se ha divulgado en este caso, que se le echa del ministerio ni del sacerdocio, pues los sacerdotes siguen ejerciendo su ministerio, si lo desean, en la misión que reciben del obispo. En la Diócesis hay sacerdotes muy beneméritos que, a pesar de estar jubilados canónicamente, siguen prestando valiosos servicios. La idea de que un sacerdote tiene «derecho» a estar en una determinada parroquia no corresponde ni a la naturaleza de su ministerio —que requiere la total disponibilidad prometida en la ordenación—, ni a la naturaleza eclesial de la parroquia, que no es propiedad del sacerdote, como dejó claro la reforma del Concilio Vaticano II con la supresión de las «parroquias en posesión».
Estos asuntos de la Iglesia no se resuelven bajo presión de recogida de firmas o de cartas abiertas al obispo a través de la prensa, máxime si se parte de informaciones sesgadas y posiciones preconcebidas, o se recurre, en alguna de ellas, al insulto, la descalificación o ciertas actitudes de amenaza que se invalidan por sí mismas. Tampoco las cartas sin firmar son dignas de consideración. Por otra parte, proponer soluciones pastorales cuando se desconocen todos los datos, que afectan no solo a la parroquia en cuestión, sino al bien general de la diócesis, supone, cuando menos, una enorme ligereza.
No cabe duda de que el Obispo, como cualquiera que ostenta una responsabilidad, puede equivocarse, pero también puede acertar con los elementos de juicio que tiene en sus manos. Para el nuevo curso que comienza, el Obispo ha realizado trece nombramientos, que incluyen traslados, ceses y nuevos cargos. Siempre buscando el bien de la Diócesis, de las parroquias y de los sacerdotes. No se ha lesionado ningún derecho de las personas ni de las comunidades. Es gratificante comprobar el aprecio de las comunidades a sus sacerdotes. Y es comprensible que los cambios producen en ocasiones tristeza y cierta frustración, pero no hay que olvidar que los cristianos, como dice san Pablo, no somos de Pedro, de Pablo o de Apolo, sino de Cristo, y debemos trabajar por el bien de toda la diócesis superando los particularismos de las propias comunidades.